La ultima trinchera by Javier Álvarez & Luis Fernando Rodríguez

autor:Javier Álvarez & Luis Fernando Rodríguez
La lengua: spa
Format: epub
Tags: Ciencias sociales, Ensayo
publicado: 2016-03-08T23:00:00+00:00

II

C

uando Alaya habló en la Complutense, los medios de comunicación buscaban carnaza y la tuvieron. Durante la instrucción de los sumarios que han indagado lustros de posibles irregularidades cometidas por la Junta de Andalucía en la gestión del dinero público recibió «muchísimas presiones», dijo la jueza; en particular, del propio Gobierno autonómico, desde siempre en manos del PSOE andaluz, que puso «todas las trabas del mundo» a su trabajo al frente del Juzgado de Instrucción Número 6 de Sevilla. La «administración autonómica de turno», expresión elegida por la magistrada para referirse a la Junta de Andalucía, trató de frenar su investigación y para ello le negó los «medios necesarios» para acometer indagaciones tan complejas como las emprendidas por ella.

La prensa reflejó el mensaje de la jueza Alaya con profusión, pero muchas de sus diatribas pasaron más desapercibidas para la opinión pública. Solo en determinados despachos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) provocaron tanta preocupación como airado malestar.

Según la jueza, no solo el poder político maniobró para frenar sus pesquisas, a veces «las presiones te cortan la respiración cuando vienen del lado equivocado, y siempre es el lado equivocado cuando vienen de tu casa». No en vano, «lo peor de la corrupción viene después, con las secuelas». No dio más pistas porque «quizás razones más graves que la propia prudencia me lo exigen». ¿A qué se refería la popular magistrada? No hubo oportunidad de preguntárselo porque respeta contra viento y marea su máxima de no atender nunca a los medios de comunicación. Tampoco a los autores de este libro. Pero ciertos vocales del CGPJ y magistrados de la Sala de Gobierno del TSJA se dieron por aludidos.

Todo empezó, de manera casual, en diciembre de 2014. Un concurso de traslado convocado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) afectó a 364 plazas vacantes, de las cuales 41 estaban cubiertas por magistrados en comisión de servicios. Pronto todo el mundo entendió que se trataba de una maniobra para sacar al magistrado Pablo Ruz del Juzgado Central de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional, del que era titular suplente y cuya labor en las distintas piezas del caso Gürtel había convertido el sumario en un pozo sin fondo de problemas para el PP y el gobierno de Mariano Rajoy.

La sorpresa saltó al conocerse que la entonces titular del Juzgado de Instrucción Número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, había solicitado una de las cuatro plazas de nueva creación en la Audiencia Provincial de Sevilla incluidas en el concurso. Por antigüedad la obtuvo sin problemas. Los sumarios que asfixiaban a la Junta de Andalucía parecían a punto de quedar fuera de su control, pero nadie se inquietó. Los magistrados que cambiaron de destino en aquel concurso provocaron otras 190 plazas vacantes, incluido el Juzgado de Instrucción Número 6 de Sevilla, que fueron de inmediato ofertadas a la carrera judicial y todo el mundo dio por descontado que el juzgado de Alaya sería para el magistrado Álvaro Martín, allí destinado como refuerzo desde septiembre de 2013.

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